El problema de la prostitución

 

 

Solucionar un problema es pasar de una situación actual a una situa­ción futura deseada, o sea, es alcanzar un objetivo deseable. Si se considera que la prostitución no es un problema, no es necesario seguir leyendo.

 

Las leyes de Suecia desde 1999, las de Noruega desde 2009 y las de Islandia desde 2009 consideran que la persona que solicita servicios sexuales retribuidos es una delincuente que merece una multa e incluso prisión; y que la persona que ofrece estos servicios es una víctima que no merece castigo y a la que se la ayuda para que deje la actividad.

 

Las leyes de otros países consideran que ambas partes son delincuentes.

 

Las leyes del resto de países (entre los que se encuentra España) consideran que ambas partes no son delicuentes. Por motivos oscuros, en España las leyes no parecen obligar a que los devengos generados aparezcan en las declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas; y no hay información disponible del correspondiente impuesto sobre el valor añadido pagado a la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda.

 

No obstante, en España muchas personas no desean ver a personas vendiendo sus servicios sexuales en lugares públicos. Puesto que la convivencia en estos lugares es competencia de los ayuntamientos, éstos han tratado a lo largo de los años de democracia de contentar a sus electores; por ejemplo, impidiendo que la oferta de prostitución se efectúe en lugares céntricos, cerca de escuelas o cerca de lugares de culto religioso.

 

En 2009, el ayuntamiento de Lleida ha aprobado una ordenanza municipal que prohibe la compraventa de servicios sexuales en lugares públicos; no obstante dos asociaciones privadas (Candidatura d’Unitat Popular y Associació Catalana en Defensa dels Drets Humans) ha impugando esta ordenanza al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En 2009, el ayuntamiento de Reus (provincia de Tarragona) estudia una ordenanza similar. Si estas ordenanzas prosperasen y fuesen consideradas legales por parte de la judicatura, está claro que deberían coordinarse con los ayuntamientos vecinos.

 

No hay noticias fidedignas de que ayuntamientos de otras ciudades españolas estudien ordenanzas municipales contra la compraventa de servicios sexuales en lugares públicos. El motivo es desconocido en general por los electores, pero probablemente algunos piensan (sin decirlo) que las personas que podrían actuar legalmente contra estos servicios no lo desean porque irían contra sus intereses.

 

Más información en:

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_Europa

 

 

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